La gerente de la agencia principal del Banco de Venezuela y su esposo fueron privados de libertad por presuntamente mandar a matar a un empleado
María Alejandr Monagas|ÚN.-La gerente de la agencia principal del Banco de Venezuela y su esposo fueron privados de libertad por presuntamente mandar a matar a un empleado y desviar recursos del fideicomiso del Ministerio de Educación hacia una empresa de su propiedad.
La mujer, a través de un intermediario, habría contratado a un sicario que el 13 de septiembre le dio muerte a Steven de Jesús Villegas Rodríguez (26), analista del Departamento de Fideicomisos. Trascendió en fuentes judiciales que ordenó su muerte porque, presuntamente, la víctima había pedido dinero para no delatar las actividades ilícitas que se estaban cometiendo en perjuicio del Ministerio de Educación.
El 13 de septiembre, a las 5:00 pm, el joven salió de su trabajo, en la agencia del Banco de Venezuela ubicada en la avenida Universidad. Caminó en compañía de su novia hasta el sótano 3 de la Torre El Chorro, situada en la esquina del mismo nombre, para buscar su vehículo.
Cuando llegó al estacionamiento, un hombre que leía un periódico le dio las buenas tardes. El joven le contestó y, minutos después, cuando abordaba su Spark gris, le disparó. La novia salió corriendo y alertó a funcionarios de la Policía Nacional, quienes detuvieron al sicario, identificado como Jorge Ramírez (23); se dijo que le habían pagado Bs 50.000. Un cómplice, quien lo esperaba en la vía pública, logró huir en una moto.
Las investigaciones, que fueron dirigidas por el fiscal 124° de Caracas, Daniel Martínez, y el 61° con competencia nacional, Samuel Acuña, quien reforzó las pesquisas sobre la legitimación de capitales, arrojaron que la gerente de la agencia y su esposo estaban presuntamente implicados en el homicidio y en la desviación de fondos.
La mujer, de nombre Francelina Granados, supuestamente autorizaba el traslado del dinero de Min-Educación hacia una empresa cuyo representante es su esposo, Alberto Baldomir. La pareja fue presentada el jueves ante el Tribunal 39° de Control, a cargo de la jueza Ralenis Tovar, quien los privó de libertad y les asignó la Penitenciaría General de Venezuela como sitio de reclusión. Los fiscales Acuña y Martínez les imputaron homicidio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Anteriormente, había sido detenido en Barinas Iván Montesinos, quien fue el encargado de contratar al sicario.
Se conoció que las investigaciones continúan, a fin de establecer si existe complicidad con el personal del Ministerio de Educación. Igualmente, trascendió extraoficialmente que los fiscales han recibido varias amenazas.
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